19 octubre 2015

Anticorrupción pide hasta 8 años y medio para 27 miembros de la mafia rusa liderada por Petrov

Anticorrupción pide hasta 8 años y medio para 27 miembros de la mafia rusa liderada por Petrov

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido penas de entre cinco años y seis meses y 8 años y seis meses de prisión para 27 miembros de la mafia rusa ‘Tambovskaya’ que participaron en una estructura asentada en España desde 1996. Desde el territorio español blanqueaban el “enorme” rendimiento económico obtenido a través de la comisión de asesinatos, palizas por encargo, contrabando o tráfico de drogas, dice el Ministerio Público.

Anticorrupción, que les acusa a todos de delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales, solicita la pena más alta para el ‘capo’ Gennadios Petrov y sus principales lugartenientes: Alexander Ivanovich Malyshev y Olga Solovyeva. Reclama cinco años y medio para los 24 restantes miembros de la organización y multas de cien millones de euros para cada uno de ellos, un total de 2.700 millones.

La organización criminal de origen ruso actuaba en España y fue desarticulada en la operación ‘Troika’ desplegada en junio de 2008. Según la Fiscalía el grupo criminal estaba integrado por individuos con antecedentes penales procedentes de Rusia, a quienes se unieron otros originarios de Estados Unidos, Suiza y otros países de la Unión Europea, que se establecieron en Baleares y la zona del Levante y la Costa del Sol.

Entre otras actividades, la red se dedicaba al asesinato, al tráfico de armas, la extorsión, la estafa, las falsedades documentales, el tráfico de influencias, el cohecho, las negociaciones prohibidas, el contrabando, el trafico de drogas, la “descapitalización” fraudulenta de sociedades, así como a llevar a cabo delitos contra la Hacienda Pública, dirigir amenazas y dar “palizas por encargo”.

“UNIÓN DE EMPRESAS CRIMINALES”

Según el fiscal, el “enorme” rendimiento económico que les generaban tales actividades criminales era canalizado en España con la ayuda de asesores jurídico-financieros que trabajaban casi en exclusiva para la organización, hasta que se integraron en la “poliédrica” estructura de la ‘Tambovskaya-Malyshevkaya’. Entre los acusados figuran dos abogados españoles.

“Esta asociación de ambas organizaciones puede ser caracterizada como una Unión Temporal de Empresas (UTE) criminales, con una clara división de tareas y reparto de papeles, cuyo principal objetivo en nuestro país es cohonestar los recursos económicos ilícitamente generados, integrándolos en el sistema financiero regular mediante ampliaciones de capital, préstamos intersocietarios, tránsitos desde y a paraísos fiscales e inversiones en otros países, como Alemania”, prosigue.

El Ministerio Público se dirige contra el supuesto jefe de la mafia rusa Gennadios Vasilevich Petrov, a quien sus subordinados llamaban ‘caudillo’ o ‘boss’; su lugarteniente Alexander Ivanovich Malyshev; Elena Viktorovna Petrova; Jurij Mihajlovic Salikov; Marlene Barbara Salikov; Leonid Khihrstoforov; Svetlana Vassiljeva; los abogados españoles Juan Antonio Untoria y Julián Jesús Angulo; Iuolia Kasimira Emorlenko; Vladislav Matusovich; Diana Guindin; Andrey Malenkovich; Olena Boyko; Olga Solovyeva; Mikhail Rebo; Ildar Mustafin; Leocadia Martín; Ignacio Pedro Urquijo; Irina Ussova; Zhanna Gavrilenkova; Vadim Romanyuk; Antonio de Fortuny; Francisco Ocaña; Kiril Yudashev; y Leonid Khazine.

También están acusadas 19 personas jurídicas: las empresas Centro Comerciales Antei; Inversiones Gudimar; Inmobiliaria Balear 2001, Inmobiliaria Calviá 2001,Inversiones Tarin, Subnstar Inversiones, Vortep Incor, Dima Incorp, Inversiones Sarki, Sociedad de Desarrollo Internacional 2001, Casasol Investmentm, Louys Properties, Tomillo Inversiones, Namur Properties, Ken Española de Inversiones, Inversiones Finanzas Inmuebles, AVC Consultores, Peresvet y Xorairan.

Petrov fue detenido en junio de 2008 en su mansión de Calvía en una operación policial que culminó con una veintena de detenidos y el bloqueo de millones de euros y multitud de obras de arte.

COMPAÑEROS DE JUVENTUD

La Fiscalía destaca que la “comunidad criminal” compone una estructura homogénea en la que los principales dirigentes han sido incluso compañeros de banda en su juventud y se reparten “segmentos de poder”. “Mantienen entre sí relaciones lucrativas y emplean sus contactos para pedir u otorgar favores en el ámbito político, económico, financiero y judicial”, agrega.

Su objetivo es “seguir incrementando su riqueza, borrar su pasado criminal y vivir sin problemas en España” donde –agrega el escrito– proporcionan auxilio fraternal a sus iguales.

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