Sanidad asegura que ninguna CCAA ha presentado alegaciones a los requisitos propuestos para atender a ‘sin papeles’

Foto: EUROPA PRESS

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad no ha recibido por el momento ningún de tipo de alegaciones de las comunidades autónomas a los requisitos propuestos para armonizar en todo el Sistema Nacional de Salud (SNS) la atención de los inmigrantes en situación irregular o ‘sin papeles’.

El pasado 2 de septiembre el departamento de Alfonso Alonso presentó a los gobiernos autonómicos una serie de “criterios mínimos” para garantizar la atención social y sanitaria a estos inmigrantes, después de que varias comunidades, incluidas algunas gobernadas por el PP como Madrid o Murcia, anunciaran la puesta en marcha de mecanismos para ampliar su cobertura, que desde 2012 había quedado limitada a urgencias, atención pediátrica y durante el embarazo y el parto.

Tras exponer su planteamiento, dio un plazo de quince días laborables para que las comunidades presentaran sus alegaciones “constructivas” pero hasta el momento, según han confirmado fuentes del Ministerio a Europa Press, no se ha recibido ningún tipo de propuesta al respecto.

No obstante, precisan las mismas fuentes, hasta la próxima semana, el 22-23 de septiembre no finaliza el plazo. De hecho, Alonso ha animado este miércoles a las comunidades a que manden sus propuestas “para llegar a un acuerdo razonable para procurar mejor atención a todos de una manera armonizada”, según ha destacado en los pasillos del Congreso.

Además, desde Sanidad recuerdan que la competencia en esta materia es autonómica por lo que no están en la obligación de acatar la propuesta presentada siempre que no invadan competencias nacionales y respeten lo que dicten los reglamentos de la Unión Europea.

AL MENOS SEIS MESES EMPADRONADOS

El Ministerio de Sanidad planteó un empadronamiento mínimo de 6 meses para que estos inmigrantes puedan ser atendidos en los centros de salud y la necesidad de que queden registrados en la base de datos del SNS, garantizando que Interior no tendría acceso a esos datos.

Además, deberían justificar que no disponen de “recursos suficientes ni recursos superiores en cómputo anual al IPREM” –indicador público de renta de efectos múltiples, que en 2015 se sitúa en 532,51 euros al mes– de su unidad familiar, y que no tienen cobertura sanitaria por ninguna otra vía.

Si el médico lo considera oportuno podrían ser derivados a un especialista y, en caso de prescribirles medicamentos, tendrían un copago del 40 por ciento, como el que tienen los asegurados con rentas anuales inferiores a 18.000 euros.

Tras la reunión organizada por Sanidad para presentarles dicha propuesta, en el marco de la Comisión de Prestaciones del Consejo Interterritorial del SNS, el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, reconoció que las regiones gobernadas por el PSOE pedían la derogación de la reforma sanitaria que en 2012 impulsó la entonces ministra Ana Mato. El resto, según Moreno, “agradecieron” la propuesta planteada por Sanidad.

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