El juez apunta a un sobrecoste de 300.000 euros en la compra de contenedores a una empresa afín a UM

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Palma, Pedro Barceló, ha puesto fin a la instrucción del llamado caso Ossifar mediante un auto con el que da el primer paso para sentar en el banquillo a dos exdirectivos de la Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado (Emaya), Germán Chacártegui y Malén Tortella, a raíz del presunto sobrecoste de 300.000 euros en la compra de 200 contenedores y 500 papeleras a una empresa afín a Unió Mallorquina (UM).

Junto a ambos imputados, el juez también acuerda que continúe el proceso penal contra el empresario Juan Pocoví. Sobre ellos pesan delitos de malversación, prevaricación, fraude a la administración y falsedad documental. El magistrado da diez días a la Fiscalía Anticorrupción para que solicite la apertura de juicio y qué penas reclama para todos ellos.

Las investigaciones han revelado a lo largo de la instrucción el supuesto trato de favor del que se benefició la empresa adjudicataria de estos servicios, Seguridad y Limpiezas -administrada por Pocoví-, durante la legislatura 2007-2011, durante la cual el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento palmesano estaba en manos de UM y, más en concreto, de la exnúmero dos de esta formación en la capital balear, Cristina Cerdó.

El magistrado alude a un total de 31 facturas y albaranes cuyo pago fue en su mayoría fraccionado por importes inferiores a 12.000 euros cada una para que pudieran ser adjudicadas de forma directa y sin concurso público al tratarse de contratos menores. Muchas de ellas fueron tramitadas y contabilizadas el mismo día.

Del mismo modo, el juez relata cómo Seguridad y Limpiezas suministró al departamento de Medio Ambiente de Emaya, cuyo director era Chacártegui, cuatro barredoras que entregó sin la pintura correspondiente al color oficial de la empresa municipal.

Ante el hecho de que Chacártegui impuso una multa de 13.528 euros a la empresa proveedora por el retraso en el suministro, el exalto cargo decidió dar órdenes para que otra mercantil pintara los vehículos, con cargo a las arcas de Emaya, lo que costó 13.920 euros con los que quedó compensada la falta de pintura. Para justificarlo, Chacártegui hizo elaborar cuatro albaranes de pago falsos que hacían referencia al pintado de otros vehículos.

Es más, cuatro de las facturas analizadas en el marco de este caso fueron confeccionadas, por valor de 1.420 euros cada una, para compensar un gasto no facturado. El objeto de las mismas era la adquisición de tres contenedores, a pesar de aparecer manuscrito en ellas ‘factura para compensar peine para cargar y descargar contenedores de 120 hasta 1.100 l’, si bien no ha sido determinado el autor de la escritura.

CHACÁRTEGUI RESPONSABILIZÓ A CERDÓ Y A TORTELLA

Durante las distintas comparecencias ante el juez, Chacártegui, quien se prestó desde el inicio a colaborar con las investigaciones, explicó cómo los procedimientos de adjudicación eran manipulados y que las órdenes le venían dadas por la exgerente de Emaya Malen Tortella, quien a su vez las consultaba con la expresidenta Cristina Cerdó y con la propia UM. La pretensión era que Seguridad y Limpiezas se hiciera con las contrataciones.

Pese a ello, en su auto Barceló decreta el archivo de parte de las pesquisas para Cerdó y otros excargos y empresarios que hasta el momento se encontraban imputados como Bernat Bauzá, Antonia Mascaró, Lorenzo Mestre, Antonio Obrador y Francisco Molina.

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