La Mesa de Valoración ha elevado al consejero de Economía y Competitividad la propuesta motivada de resolución del concurso público para la instalación y explotación de un casino de juego en Mallorca. De acuerdo con la puntuación obtenida por las solicitudes admitidas, la propuesta de adjudicación ha sido para la oferta presentada por Gran Casino Teatro Balear SA. La resolución se publicará en el BOIB y en la web de la Consejería. Además se notificará a todas las empresas concursantes, así como en el Ayuntamiento de Palma y el Consell Insular de Mallorca (CIM). Se comunicará la fecha límite para proceder a la apertura del casino, haciendo constar la obligación de solicitar y obtener previamente la licencia municipal de apertura y autorización de funcionamiento. En el plazo de diez días hábiles desde la notificación, los interesados ​​deberán notificar su conformidad al consejero de Economía y Competitividad, quedando caducada la autorización si no notifican su conformidad. Según las bases del concurso, publicadas en el BOIB el 29 de diciembre de 2012, la autorización es intrasmisible y la candidatura ganadora cuenta con un plazo máximo de 30 días para la constitución de la sociedad en el caso de que no estuviera ya constituida. Con carácter previo a la solicitud de apertura y funcionamiento, la empresa titular de la autorización de la instalación y explotación del casino de juego objeto de este concurso, deberá constituir una fianza de 901.518,16 euros de De acuerdo con el artículo 50 del Decreto 34/1997, de 7 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de casinos de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Asimismo deberá aportar las certificaciones administrativas expedidas por los órganos competentes o documentos que las sustituyan, que acrediten que la sociedad se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la comunidad y con la seguridad social. Además, deberá aportar los certificados negativos de antecedentes penales de los socios, administradores, directores, gerentes y apoderados con facultades de administración de la sociedad. Si alguna de las personas expresadas fuera no residente en España, debería adjuntarse, también, un documento equivalente expedido por la autoridad competente de su país de residencia y traducido por el Servicio de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores .

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