Agentes de la Policía Nacional han detenido en Mallorca a los encargados de entregar las notificaciones oficiales de la Agencia Tributaria Illes Balears (ATIB) –dependiente de la Consejería de Hacienda y Presupuestos del Govern balear- y de seis ayuntamientos de la isla. Han sido arrestados, como presuntos autores de delitos de falsedad documental y contra los derechos de los trabajadores, el propietario y el encargado de la empresa que tiene encomendado el reparto en las Islas Baleares de cerca de 60.000 comunicaciones oficiales al año. Solo un 8,2% de los embargos, apremios o requerimientos de salarios fueron entregados a su destinatario directamente y únicamente un 1,9% en segunda instancia, como marca la Ley. Además, los empleados de la mercantil eran obligados a trabajar en jornadas de 14 horas sin ser dados de alta en la Seguridad Social.

Las investigaciones se iniciaron a raíz de varias denuncias, formalizadas ante la Policía Nacional y la Delegación de Trabajo de la Seguridad Social, acerca de un presunto delito contra el derecho de los trabajadores cometido por parte del propietario de una empresa, así como por su encargado.

Contra los derechos de los trabajadores

Las manifestaciones tomadas a las víctimas de los hechos investigados, afloraron numerosas irregularidades que se vendrían produciendo en la empresa:

A) Los empleados eran obligados a realizar jornadas laborales de hasta 14 horas diarias, cobrando un sueldo de unos ochocientos euros y sin ser dados de alta en la Seguridad Social.

C) Las víctimas en ocasiones eran obligadas a pagar las multas impuestas a la empresa por las sociedades que contrataban la publicidad a repartir, cuando el reparto se hacía de forma negligente.

D) Algunos empleados eran amenazados continuamente con su despido si no aceptaban las condiciones de explotación laboral a las que tenían que someterse.

E) Los trabajadores con el cometido de realizar el reparto o entrega de notificaciones tenían que aportar su propio medio de transporte para realizar tal cometido, además de ser obligados a pagar de su propio bolsillo el importe correspondiente al combustible utilizado.

Falsedad documental

Realizadas todas las gestiones tendentes al esclarecimiento de los hechos se pudo comprobar que además del presunto delito contra el derecho de los trabajadores, con gran frecuencia se cometía otro de falsedad documental.

La empresa no realizaba su cometido de entrega de notificaciones según dispone la Ley de Régimen Jurídico de la Administración Pública y del Procedimiento Administrativo Común. La norma obliga a realizar dos notificaciones, sin embargo la empresa lo hacía en una sola ocasión diligenciando que era la segunda visita, falseando así la primera. Estas manipulaciones eran cometidas por los trabajadores siguiendo las instrucciones y órdenes marcadas por los responsables de la empresa. En numerosas notificaciones el mismo trabajador se encontraba simultáneamente haciendo entrega de notificaciones en dos ayuntamientos distintos. Igualmente se ha constatado una segunda falsificación en aquellas notificaciones que eran realizadas por personas que no se encontraban dadas de alta en la empresa, las cuales eran firmadas con el nombre de los empleados que sí estaban de alta.

A consecuencia de una inspección llevada a cabo en el centro de trabajo por funcionarios de la Inspección de Trabajo y tras comprobarse la existencia de trabajadores desempeñando actividad laboral sin contrato alguno, la empresa recibió una sanción económica, y el responsable de la mercantil descontó el importe del sueldo de los empleados.

Del análisis de las notificaciones se desprende que sólo un 8,2 % fueron entregadas a su destinatario directamente y que únicamente un 1,9 % fueron entregadas en segunda instancia. Se deduce por tanto que en la práctica totalidad de las comunicaciones no se personaron en la dirección en las dos ocasiones como marca la Ley. En caso de no poder entregar la notificación por ausencia del destinatario se falseaba la fecha de una supuesta primera personalización que nunca se producía, ya que se hacía constar como segunda. Incluso en numerosas ocasiones ni tan siquiera se personaban en un domicilio, diligenciándose como “ausente” y así dando trámite a la notificación, pudiendo abarcar un número desmesurado de ellas si se realizaban de la forma negligente expresada.

El volumen de las falsedades cometidas presuntamente por esta empresa es muy alto, puesto que gestionaba alrededor de 60.000 notificaciones anuales, realizaba sistemáticamente una única notificación y llevaba varios años contratada para estos efectos. Se han realizado notificaciones tan importantes como embargos de cuentas, apremios, requerimientos de salarios, etc…, con la consecuente responsabilidad civil en la que habría incurrido la empresa dado el grave perjuicio para los destinatarios de las diferentes notificaciones.

La investigación, desarrollada por agentes de la Brigada de Extranjería y Documentación de la Jefatura Superior de Policía de Baleares, con colaboración de la Delegación de Trabajo y de la Seguridad Social, ha concluido con el arresto de dos personas y la imputación de otra más como presuntos responsables de delitos de falsedad documental y contra los derechos de los trabajadores.

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