Agentes de la Policía Nacional en colaboración con Inspección de Trabajo, han procedido a la detención de un español de 54 años, propietario de una gestoría y titular de diversas empresas y varias fincas rurales, de la zona de Palma de Mallorca, por un delito contra los derechos de los trabajadores y otro de discriminación laboral, dando así por finalizada la operación “Sa Flor”.

Las indagaciones se iniciaron hace unas semanas, cuando se recibieron diversas denuncias, comunicando las numerosas irregularidades que se estaban produciendo por parte de un empresario en Palma y que podría estar atentado contra el derecho de varios trabajadores extranjeros, principalmente de origen marroquí.
Las victimas, dos ciudadanos de origén marroquí, contratados por dos horas diarias como jardineros, eran obligadas a realizar jornadas laborales de hasta 10 horas diarias percibiendo únicamente 70 euros semanales y teniendo únicamente un día a la semana libre, el cual según las necesidades del propio empresario podía ser disfrutado, o no.
Los trabajadores realizaban funciones de albañiles, jardineros, traslado de muebles y enseres etc, sin ningún tipo de medidas de seguridad acorde a la legislación laboral referente a la Ley de Riesgos Laborales.

“Mejor estais aquí que aparcando coches”
Los dos trabajadores, residían en la finca agrícola en la que trabajaban, en condiciones infrahumanas, incluso sin agua corriente para aseo personal y baño, debiendo a tal efecto sacar el agua de un pozo de la finca, y si por ello se quejaban, eran amonestados diciendoles “mejor estais aquí que aparcando coches”.
Se procedió a la realización de una Inspección junto a la Delegación de Trabajo y Seguridad Social, identificando a cuatro trabajadores, dos marroquis y dos rumanos, y procediéndose a la intervención de diversa documentación.
Las victimas, los dos ciudadanos marroquis, llevados por sus diferentes situaciones económicas y personales (cargas familiares), y por miedo a perder su única fuente de ingresos, se veían obligados a aceptar las condiciones laborales impuestas por el empresario, dandose la circunstancia que mientras los ciudadanos rumanos cobraban en torno a los 600 € mensuales por cinco horas de jornada diarias durante seis dias a la semana, los ciudadanos marroquis por diez horas diarias y seis dias a la semana cobraban 70 € a la semana.

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